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miércoles, 21 de febrero de 2018

TOMADO DE EL DIARIO LIBRE: Demandan a empresas Odebrecht y Rizek y al Ministerio de Obras Públicas



SANTO DOMINGO. La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional conoció este jueves una demanda en daños y perjuicios por la suma de 45 millones de dólares contra de las constructoras Norberto Odebrecht, de Brasil, y Rizek SRL, de República Dominicana, así como al Ministerio de Obras Públicas.
La demanda fue interpuesta también en contra del Ministerio de Obras Públicas por los señores Heriberto Lara y Santa Margarita Báez, en reclamo del pago por los daños ocasionados a una finca de su propiedad, en Bani, donde supuestamente las empresas iniciaron la extracción de materiales para la construcción de la carretera Cibao Sur, sin tener autorización de los dueños de la finca.
Los demandantes, representados por el abogado Luis Méndez Novas, piden al tribunal condenar a esas constructoras y al Ministerio de Obras Públicas al pago de 45 millones de dólares, como reparación por los daños morales y materiales provocados a su finca durante la construcción de la obra que le fue adjudicada mediante licitación por el Ministerio de Obras Públicas.
El contrato para la construcción de la obra ascendió a 370 millones de dólares fue firmado durante la gestión del entonces ministro Víctor Díaz Rúa, y luego fueron aprobada varias adendas en la actual administración, para pagar los daños ocasionados, lo cual no ha ocurrido, dijo Méndez Nova.
El conocimiento de la demanda fue aplazada el pasado 12 de octubre para hoy jueves con la finalidad de dar oportunidad a las partes para que depositen documentos de prueba.
La demanda fue interpuesta a través de los abogados Luis Méndez Novas y Víctor Rafael Guillermo.

miércoles, 14 de febrero de 2018

TOMADO DE LISTIN DIARIO DIGITAL: Caso Odebrecht entra en nueva fase


La Procuraduría General de la República someterá en las próximas horas al juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia que llevará el caso Odebrecht, el expediente contentivo de las acusaciones sobre soborno admitido por la constructora brasileña, según reveló anoche a Listín Diario una fuente cercana a la investigación.
El juez Francisco Ortega Polanco fue designado el pasado viernes por la Suprema Corte de Justicia para instruir el caso.
Según la fuente, las primeras diligencias procesales podrían ser sometidas al juez mañana lunes o el próximo martes.
“La Procuraduría tratará de hacer las solicitudes el lunes, si el tiempo lo permite. El proceso es largo y todo debe estar bien sustentado”, argumentó la fuente.
Entre las solicitudes de diligencias procesales, estarían las órdenes de allanamientos y detenciones de los presuntos implicados en el caso.
“Estamos trabajando 24-7. Entendemos que a más tardar el martes podríamos comenzar a depositar las instancias al juez de la instrucción especial”, acotó la fuente.
El pasado viernes, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la designación de Ortega Polanco, como juez de la instrucción Especial del caso Odebrecht.
El juez Ortega, de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, de lo Contencioso Administrativo y lo Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, deberá ser apoderado de cualquier diligencia que requiera el Ministerio Público en torno al caso.
El apoderamiento del juez se produce en momento en que personal de mantenimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional, de manera sorpresiva e inesperada, realiza el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
El caso
Desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló, en diciembre pasado, los documentos sobre los presuntos sobornos que Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina, el escándalo no ha parado.
Las fiscalías y procuradurías de los países señalados avanzan en investigaciones y día a día se conocen nuevos desarrollos, así como los nombres de funcionarios gubernamentales y empresarios implicados, en el mayor caso de corrupción panregional del que se tenga registro en las historias de las naciones salpicadas.
El caso se destapó por primera vez en marzo de 2014 con una investigación de menor porte de una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil, que condujo la mirada hacia Petrobras, la estatal petrolera brasileña.
Según avanzan las investigaciones en Brasil han ido saliendo los nombres de los implicados en cada nación en las que operaba Odebrecht; en República Dominicana llegaron el pasado 19 de este mes en medio de las  investigaciones que realiza el Ministerio Público al respecto.
Aunque los nombres no han sido dados a conocer de manera oficial, han sido filtradas varias   listas en las que figuran funcionarios, legisladores y hasta empresarios.
El hecho de que el juez que tendrá a su cargo la instrucción del caso, haya sido escogido de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, indica que en la lista de implicados habrá legisladores o ministros, los cuales  cuentan con jurisdicción privilegiada al momento de responder  ante los tribunales la imputación de algún hecho.
Los preparativos
Mientras avanzan las investigaciones, el personal de la fiscalía del Distrito Nacional inició el pasado viernes el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
La acción es relacionada a las expectativas de que en cualquier momento la Procuraduría General de la República podría solicitará a un juez la prisión preventiva de los implicados en el caso de los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht.
Todavía ayer el personal de mantenimiento limpiaba, pintaba y adecuaba el recinto carcelario que alberga de manera provisional a los imputados en espera de medida de coerción, o con juicio pendiente de conocimiento en esa jurisdicción. Los empleados pintaban de blanco las paredes del pasillo, ubicado en la cuarta planta del edificio, así también realizaban la corrección de los sistemas eléctricos y sanitarios.

jueves, 1 de febrero de 2018

TOMADO DE EL DIARIO LIBRE DIGITAL: Ito Bisonó: “El pueblo quiere consecuencias y presos” contra involucrados en caso Odebrecht




SANTO DOMINGO. El diputado Víctor “Ito” Bisonó considera preocupante la solicitud de la Procuraduría General de la República de más plazo para la investigación del caso Odebrecht.
En un comunicado de prensa, dijo que “en todos los otros países donde hubo escándalos de dicha empresa, ya los imputados e involucrados han sido sometidos y enjuiciados debidamente a la justicia”. De tal manera expreso “que el pueblo no quiere plazos, quiere investigaciones, consecuencias y presos, el ministerio público ha tenido tiempo de sobra”.
Estas fueron las declaraciones a través de su cuenta en Twitter en el cual menciona que el Ministerio Público y la justicia deben hacer su trabajo, “dejando atrás la lentitud” y avanzando las investigaciones en el ámbito local de manera sólida, pues solamente se incluyen a los mencionados en Brazil. Enfatizó que, si el caso Odebrecht fuese a fracasar en los tribunales, esto sería una dolorosa derrota para el pueblo dominicano y una gran victoria para la impunidad.
“Las actuaciones del Ministerio Público hasta ahora son muy preocupantes, dado que estas según los resultados de la justicia demuestran serias debilidades tanto en las investigaciones de lugar como en la instrumentación del expediente. Como sociedad, no podemos darnos el lujo de permitir que una vez más, triunfe la impunidad, sería enviar un mensaje de que, en nuestro país, todo se vale. Sería decirle a quienes delinquen, que son intocables, al igual que quien asalta y quien mata, regalándoles un manto de protección mientras desamparamos a quienes más sufren”. Esto también abre las puestas para desempolvar los cientos de auditorías presentadas al Pepca por la Cámara de Cuentas sobre los grandes desfalcos hechos a instituciones públicas y que todavía no se investigan o no concluyen, estando sus responsables descaradamente impunes, declaró el dirigente político.
El pasado 24 de enero, la Procuraduría solicitó una extensión de cuatro meses para el plazo de presentación de la acusación, el cual originalmente vencía el 8 de febrero. Esto ha aumentado las preocupaciones de que pudiera no prosperar el proceso.
“Ahora mismo, lo que reina es la desconfianza del pueblo sobre el proceso y existe un pensamiento mayoritario de que se está actuando de manera selectiva. En este caso, se depositan las esperanzas de un país que anhela una justicia ciega, aplicada a todos sin importar el poder que hayan acumulado o a los partidos que pertenecen. Se tiene la oportunidad de decirle a quienes actúan al margen de la ley, que no escaparán a las sanciones. En este importante momento de transición, debemos todos estar vigilantes pues ahora podemos finalmente emprender el camino de la institucionalidad”, manifestó el también Congresista.

martes, 30 de enero de 2018

TOMADO DE EL DIARIO LIBRE DIGITAL: Finjus espera que prórroga para caso de Odebrecht sea para “robustecer pruebas”



El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
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SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) espera que la solicitud de prórroga para continuar la investigación del caso de los sobornos de Odebrecht se traduzca en un mensaje claro contra la corrupción y un respiro necesario para el sistema de justicia de República Dominicana.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, explicó que el pedimento hecho al juez de la instrucción especial a los fines de otorgar una prórroga de cuatro meses adicionales para el proceso de investigación obedece a una necesidad legítima de robustecer las pruebas a presentar y que, de ser así, permitirá obtener la presentación de una acusación que pueda concretizar resultados que hagan recuperar la confianza en el sistema de justicia por parte de la ciudadanía.
“Las razones que motivan este plazo adicional solicitado por el procurador general de la República implican que la ciudadanía podrá conocer, en su debido momento, otros elementos que fortalecerán la investigación. Por lo que la justificación de dicho plazo deberá cumplir con las expectativas que ha generado todo este proceso para la población, específicamente en el plano político, social y jurídico”, dijo Castaños Guzmán en un comunicado de prensa.
Destacó que al tratarse de un caso complejo, como fue declarado con anterioridad, el ordenamiento procesal penal permite la ampliación de los plazos para concluir la investigación, atendiendo a lo que contemplan los artículos 150 y 370, vista su modificación en la Ley No. 10-15.
“En el referido artículo 150 es en donde la norma establece la posibilidad de requerir una prórroga para presentar la acusación y, combinado con el texto del artículo 370 numeral 3 parte in fine, se indica expresamente que dicha prórroga “puede ser de cuatro meses más”, refirió.

sábado, 27 de enero de 2018

TOMADO DE EL PAÍS: El principal constructor de Perú, detenido por el ‘caso Odebrecht’ Un juez dicta una orden de 18 meses de prisión preventiva contra José Graña Miró Quesada, quien fue presidente del grupo Graña y Montero, y otros cuatro empresarios



José Graña Miró Quesada (izquierda), en la comisión investigadora de 'Lava Jato'.
José Graña Miró Quesada (izquierda), en la comisión investigadora de 'Lava Jato'. CONGRESO DE PERÚ
Un juez dictó este lunes una orden de 18 meses de prisión preventiva contra cinco empresarios peruanos asociados a la constructora brasileña Odebrecht en el segundo y tercer tramo de la carretera Interoceánica Sur. Entre ellos se encuentra José Graña Miró Quesada, quien fue durante décadas el presidente de directorio de Graña y Montero, la principal firma constructora de Perú, hasta que renunció en febrero. Es, además, el accionista mayoritario del Grupo El Comercio. El juez fijó el arresto domiciliario de uno de los directivos, internado en una clínica por un cáncer.
"El Perú será testigo de si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el país", dijo la mañana del domingo el fiscal Hamilton Castro al pedir al juez la prisión preventiva de cinco empresarios de las más grandes constructoras peruanas que formaron consorcio con Odebrecht. 16 horas más tarde, el juez Richard Concepción Carhuancho emitió una orden de captura para cuatro, entre ellos, Graña Miró Quesada.
Castro, quien dirige el equipo anticorrupción a cargo de las pesquisas sobre el pago de sobornos de Odebrecht, quiso evitar que Graña y otros cuatro ejecutivos de JJ Camet Contratistas Generales y de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) abandonaran el país, como ocurrió con el empresario Gustavo Salazar, expresidente del Club Regatas, quien había recibido dinero de la constructora como intermediario de un gobernador regional. Graña y su familia tienen el 6% del capital social del Grupo El Comercio, dueño del diario El Comercio, junto a otros 251 accionistas.
El juez emitió la orden de búsqueda y captura para los investigados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, ya que las empresas peruanas, junto con el gigante brasileño, presuntamente pagaron 15 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Toledo para la concesión de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, que une la costa de Perú con el oeste de Brasil. Además de Graña fueron detenidos Fernando Camet, presidente de JJ Camet; José Castillo Dibós, director general de ICCGSA; y Hernando Graña Acuña, otro miembro del directorio de Graña y Montero.

Arresto domiciliario

El juez Concepción fijó, además, la detención domiciliaria de Gonzalo Ferraro Rey, otro directivo de Graña y Montero, internado en una clínica debido a un tratamiento contra el cáncer. El magistrado estableció como condiciones para Ferraro “la custodia policial con dos efectivos, y la prohibición de comunicarse con sus co-investigados y el colaborador eficaz [Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú]”. Además, solicitó un teléfono móvil para que, a través de WhatsApp, la Fiscalía pueda monitorear su permanencia en la clínica.
En febrero, José y Hernando Graña renunciaron a sus cargos después de que las acciones de la empresa cayeran en la Bolsa de Valores de Lima y la reputación de la firma se viniera abajo. La renuncia, explicó entonces la empresa en un comunicado, se debió a “la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, la caída de la acción y las falsas imputaciones realizadas por el exrepresentante de Odebrecht en Perú”.
El fiscal Castro consideró que las actas de las empresas asociadas con Odebrecht para la obra prueban que aceptaron el pago de sobornos al entonces presidente Toledo (2001-2006), como relató Barata en Brasil en enero de este año. “El resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles; sabían que habíamos pagado y que tenían que asumir lo que les correspondería”, aseguró el exrepresentante de Odebrecht en Perú.
Las actas indican que las firmas peruanas renunciaron a parte de sus utilidades por los “riesgos adicionales” que la compañía brasileña tuvo que asumir en ese proyecto. La administración de justicia se desarrolla en un terreno interferido por el juego político. Los tres primeros personajes contra quienes las autoridades emitieron órdenes de captura tras las revelaciones de Barata fueron Toledo, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; los dos últimos, en prisión.